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“Justicia Pronta, Cumplida e Incorruptible”

 

Lic. Wilberth Arroyo Alvarez

Exjuez Superior de la República,

Catedrático, UCR.

 

Con motivo de las dudosas actuaciones que, desde hace algún tiempo, se les han achacado a algunos funcionarios de la Judicatura costarricense, se presta la ocasión para reflexionar sobre estos acontecimientos dado que el Juez, o sea, ese ser humano en cuyas manos está el ir y venir de este importante Pilar del Estado, es en quien los ciudadanos, comunes y corrientes, confiamos para que  resuelvan nuestros diferendos y demás asuntos en que están de por medio, la vida, el honor, la libertad o nuestro patrimonio.  Confiamos en el juez eficiente, conocedor profundo de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y que, además, sabrá darle justamente a cada uno lo suyo. Por eso para poder realizar la trascendental misión que se le encomienda debe saber no solo sus potestades legales sino sobre todo cuáles son sus obligaciones y sabrá mantener una conducta pública y privada intachable, respetuosa y respetable, honesta, honrada y guiada por sanos principios morales  y éticos, en función del bienestar social. El cargo de Magistrado o Juez obliga no sólo a parecer sino ser y por ello sus conductas debe ser diáfanas, incorruptibles, que incluye una moralidad incuestionable.

 

Ya lo dijo el insigne jurista Jorge Enrique Guier:  “Si otros poderes del Estado se corrompen, es una inmensa desgracia, pero no sería excepcional.  Si la justicia se corrompe o siquiera se empieza a corromper o al menos da señas de corrupción es ya una desgracia total; … si ésta comienza a  flaquear,  el derecho deja de funcionar y se inicia el penoso tránsito hacia la anarquía y la desconfianza”. 

           

No obstante y para nuestra dicha, aquellos son unos pocos y hay muchos estimables miembros de la judicatura quienes son orgullo de su investidura y debemos reconocerlo.  Son funcionarios de los cuales sólo se espera un trabajo cumplido, serio y confiable, de acuerdo a las mejores tradiciones cívicas del costarricense y sabemos que nuestros negocios y demás asuntos están en buenas manos, y estamos seguros de que si alguna falla humana o deliberado acto de corrupción e inmoralidad pretende socavar las bases de este Pilar Fundamental, ahí estará el mecanismo legal que repelerá con dureza cualquier asomo de la más mínima corruptela o inmoralidad en la función pública o su vida privada.

 

Que al cumplirse este año 176 años de instalada formalmente la Corte Suprema de Justicia (1 de octubre de 1826) e inaugurarse pronto el Año  Judicial del 2002, el remozamiento de ese Pilar de la República se señale como una prioridad y  se entienda que los cambios del Poder Judicial, incluyendo a la actual integración de la misma Corte, se hace impostergable.

 

Las acciones firmes y responsables en casos de cuestionable moralidad no sólo fortalecen a ese Poder de la República sino que se afianza la credibilidad de los costarricenses en su Sistema Judicial, tan venido a menos cuando suceden lamentables hechos de corrupción comprobada. El nombramiento del Dr. Luis Paulino Mora como Presidente del Poder Judicial es una garantía de ello, y ha marcado un nuevo derrotero y  una renovada esperanza en todos los costarricenses que sólo deseamos que haya una justicia que, además de pronta y cumplida, sea también incorruptible.


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