Justa y necesaria amnistía

(Artículo publicado en La Opinión de Los Angeles, en marzo de 1999)

Recientemente, el Poder Ejecutiveo de Costa Rica decreto un régimen de excepción y otorgó residencia legal a todos los centroamericanos que ingresaron ilegalmente al país antes del 9 de noviembre del año pasado.  Esta medida tomada por el gobierno cotarricense, complementa un acuerdo firmado en diciembre pasado por el presidente Miguel Angel Rodríguez, durante una reunión entre los jefes de Estado centroamericanos.  Según un documento oficial, la amnistía se otorga como solidaridad con los pueblos centroamericanos a raíz de los incalculables daños que sufrió toda la región por el paso del huracán Mitch.

De esta forma, los extranjeros de Belice, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, que estén residiendo en Costa Rica de forma irregular, podrán obtener el estatus de residente permanente por un año, con al posibilidad de renovación por periodos similares, previo al pago de una tarifa de 12 dólares y presentación de constancia que demuestre que se carece de antecedentes penales.

Es de esperarse ahora que esta medida se convierta en la llave que solucione, por fin, un dilema que por años ha existido en el país: la inmigración nicaragűense.

Porque como se sabe, la inmensa mayoría de de los beneficiados con esta amnistía, son los más de 300 mil nicaragűenses que se encuentran residiendo en condición migratoria irregular en el país.  Este altísimo número de inmigrantes de la vecina nación del norte se compone do dos grupos: los que llegaron huyendo de la precaria situación económica en la que ha estado inmersa Nicaragua durate muchos años, y los de reciente ingreso, que llegaron al país como consecuencia del paso devastador de Mitch. Estos inmigrantes se dedican en su mayoría a labores que los costarricences ya no quieren hacer. Como consecuencia de su situación migratoria y condición humilde, son presa fácil de patrones inescrupulosos que en muchos casos, al no existir control gubernamental, los abusan y explotan.

No pueden gozar tampoco de beneficios básicos inherentes en los derechos laborales, por lo que se encuentran en desventaja con el resto de la fuerza laboral del país. Al no cotizar a través de sus patronos a la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS), carecen de los más elementales servicios médicos y dentales.

Pero la medida del gobierno tico no ha calado muy bien entre los costarricenses, y la opinión generalizada es que Costa Rica no está en condiciones para dar concesión a un número tan alto de personas. Se percibe, dentro de un contexto de consenso que existen muchos problemas en el país a los que se les debe dar prioridad.  El índice tan alto de criminalidad y la galopante inflación, son dos de los graves problemas que los costarricenses preferirían que su gobierno resolviera, antes de darle cobijo a tantísima gente que viene huyendo, en cierta medida, de los mismos problemas que y ade por sí la nación padece.

Sin embargo, con la amnistía y regularización de todos los inmigrantes que califiquen, el gobierno ha dado un paso gigantesco para acabar con una práctica que ha desembocado en un trato deshumanizado hacia quienes sólo llegan en busca de trabajo y bienestar.

A su vez, el gobierno tico se beneficiará también pues con su regularización, todos esos trabajadores se verán en la obligación de contribuier con sus cuotas al seguro social, lo que reducirá la carga social del país por concepto de asistencia médica y dental a los indigentes; deberán cumplir también con su obligación tributaria, lo que supone un ingreso adicional a las arcas de la nación.

Pero lo más importante de esto es el lado humano del asunto. Si es cierto, como se dice, que una sociedad se mide por el trato que da a sus miembros más débiles, y que los pueblos y gobernantes que explotan, abusan y mantienen en el abandono a los pobres y los desposeídos, son bárbaros y corruptos, Costa Rica se aleja de esta percepción, porque con el paso dado por su gobierno, se puede incluir a la Administración Rodríguez entre las que se guían por valores humanitarios.

Tan es así, que Brunson McKinley, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) –con sede en Ginebra, Suiza- felicitó al presidente Rodríguez por promulgar el régimen de excepción.  Después de todo, los inmigrantes que viven en el país, independientemente de su condición migratoria, quiérase o no son parte íntegra de la sociedad y merecen ser tratados con la misma dignidad y respeto que sus otros miembros.

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