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¿Abolir
la Pena de Prisión?
Lic.
Wilberth Arroyo Alvarez.
Ex
juez Superior Penal y Catedrático, UCR.
Hace varios meses algunos letrados han sostenido, por medio de la prensa ora y escrita, un debate sobre la llamada doctrina del “abolicionismo penal” que, en realidad, ha rondado lo referente a la eliminación o no de la pena de prisión, la reducción de la pena de 50 años de carcel, así como las alternativas procesales en el sistema penal.
Sin duda el debate ha sido serio y fundado. No obstante, a pesar de su “publicidad”, las exposiciones de dogmas, teoremas y demás abstracciones teóricas en poco contribuye a un debate realmente público -que no se quede en las esferas de un intelectualismo poco comprensible para quienes, día a día, deben medirse, de frente y sin más protección que sus miedos y valentías, con la galopante delincuencia, común y de cuello blanco, que azota al país entero y que arrasa con vidas, honras, propiedades públicas y privadas…En otras palabras, con la paz social.
Creo
que aún cuando ese tipo de lucubraciones son importantes para algunos, la
discusión de un tema tan cercano a la cotiniadinad de todos los costarricenses
debería plantearse a otros niveles más accesible a esa mayoría que aunque no
sabe ni comprende de doctrinas criminológicas o de elaboraciones académicas,
son la mayoría de la población, quienes día a día viven las pesadillas de
saber muerto a uno de los suyos, o sienten el temor de ser acribillados o
secuestrados; en suma, ser víctimas de una delincuencia que ha encontrado aliado en la mano suave de
un sistema de “garantismos” que ha olvidado el interés de la colectividad y
se ha centrado en favorecer a quienes han quebrantado las reglas básicas de
convivencia social. Son la mayoría de ciudadanos
honrados y trabajadores, las víctimas potenciales que cada día ven con mayor
frustración y desencanto cómo se imponen, por la comisión de gravísimos
delitos, sanciones risibles a sus autores quienes, además, pasado un corto período
y gracias a ciertos “beneficios” legales pronto volverán a las calles a
hacer de las suyas. Es a este pueblo, de palabra sencilla pero clara y honesta,
a quienes hay que escuchar para luego buscar las soluciones que sean acordes a
sus necesidades. No es atendiendo los requerimientos de los delincuentes que se
va a solucionar la ola criminal. No es rebajando ni tampoco eliminando, aún
parcialmente, la pena máxima de prisión que el sistema penal será reparado de
las graves fisuras de que sufre. En realidad, no hacen falta más leyes ni
cambiar o derogar las vigentes; lo que se necesita es mayor compromiso y aplomo
de jueces, fiscales y policías por aplicar las leyes existentes en función del
bien común y protección de la colectividad y no de quienes han violentado la
tranquilidad y la paz social. El “garantismo”
y la “presunción de inocencia” no
son incompatibles con el deber del juez, del fiscal, del policía y, por
supuesto, de los políticos de turno para no permitir que hayan delincuentes
abolicionistas del Estado de Derecho, Paz y Democracia que ha sido orgullo de
todos los costarricenses.
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